Con la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo se evitarían juicios largos, complicados y desgastantes, al abrir una puerta al diálogo para encontrar soluciones favorables a ambas partes, explicó el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado.

Al presentarse la iniciativa del legislador la Coordinadora del Grupo Parlamentario, Sandra Arreola Ruíz destacó que para construir acuerdos se necesita una estructura de confianza, con reglas claras y con una ley que lo sustente. 

“Es ahí donde esta ley cobra sentido porque viene a dar ese orden, ese respaldo que necesitamos para que el diálogo funcione, que los acuerdos se cumplan y que la justicia realmente se acerque a la gente, en un mundo donde es mucho más fácil confrontarnos, entrar en conflicto. Apostar por llegar a un acuerdo, es un acto de responsabilidad y sobre todo de humanidad” resaltó. 

En el Salón de Recepciones, el legislador Juan Antonio Magaña de la Mora destacó la Iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias representa un cambio de visión sobre la justicia. “Durante muchos años, el modelo tradicional nos ha llevado a procesos largos costosos y desgastantes juicios que dividen; procesos que causan problemas, con resoluciones que muchas veces llegan muy tarde. Frente a esto, proponemos una ruta distinta menos confrontación y más diálogo; menos litigio, más acuerdos; menos desgaste y más soluciones”.

Magaña de la Mora explicó que la iniciativa impulsa mecanismos como la mediación, la conciliación, la negociación colaborativa y la justicia restaurativa “y quiero subrayarlo, no estamos hablando solo de procedimientos legales, estamos hablando de construir la paz porque la paz no es sólo ausencia de violencia; la paz es la capacidad de una sociedad para poder resolver sus diferentes diferencias, con respeto con diálogo y con responsabilidad”. 

Agregó que la iniciativa tiene un enfoque integral: en la familia, en las escuelas, en las comunidades, en administración pública; y que uno de los avances más importantes de dicha iniciativa es la negociación colaborativa, dejando atrás la lógica de ganar o perder, apostando por soluciones. 

María del Pilar Chávez, con una experiencia en el tema por más de 25 años, explicó que la iniciativa se armoniza con la ley general en la materia y resaltó ésta puede aportar muchísimo a la pacificación del estado porque no solamente se solucionan conflictos de personas que ya están un conflicto jurídico, sino también atendiendo conflictos de convivencia en la escuela, en comunidad, permitiendo la dimensión de la justicia restaurativa y terapéutica.

Finalmente, ante los legisladores David Martínez Gowman y Abraham Espinoza Villa y el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Serrato Lozano destacó que una vez aprobada, la ley permitiría que los abogados victimales pudieran encontrar una mejor solución a los conflictos de trascendencia jurídica, protegiendo los derechos de las víctimas.

Reyes Galindo Pedraza,  coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, puso sobre la mesa legislativa una propuesta para reformar el Código Penal del Estado,  en la que establezcan agravantes y sanciones más severas para los delitos cometidos contra maestras y maestros en ejercicio de sus funciones. 

"La presente propuesta tiene como finalidad reformar diversas disposiciones de la legislación estatal, particularmente del Código Penal, con ello se busca fortalecer la seguridad y protección jurídica del magisterio, generar un efecto disuasivo frente a la violencia escolar y reafirmar y reconocer la importancia social de la función docente", explicó ante el pleno el lider de la bancadadel PT.

Señaló, que este planteamiento agrega un párrafo quinto al artículo 64 del Código Penal de esta entidad que menciona siguiente: "Cuando los delitos de lesiones, amenazas, privación ilegal de la 

libertad, extorsión, ataques al honor y homicidio, se cometan en contra docentes y el personal de apoyo y asistencia a la educación en el ejercicio de sus funciones y se determine que la causa que dio origen al hecho ilícito se derivó de su labor educativa, la pena aplicable se incrementará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo".

Asimismo, indicó que se busca modificar un párrafo en la Ley de Educación del Estado, en donde se menciona que en caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, los padres de familia o tutores legales, autoridades educativas, tengan conocimiento de algún hecho violento o delito en agravio de los educandos, estarán obligados a informar a la autoridad correspondiente, mediante mecanismos accesibles y confidenciales que garanticen la integridad y seguridad de docentes y el personal de apoyo a la educación".

Reyes Galindo,  enfatizó que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la integridad y seguridad de docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante medidas de que aseguren entornos escolares libres de violencia y bienestar físico, emocional y laboral, así como establecer sanciones administrativas y, en su caso dar vista a las autoridades penales competentes, de quienes cometan lesiones, amenazas, agresiones físicas, verbales o psicológicas contra el personal docente dentro del ámbito escolar, y en caso de las autoridades educativas sean omisos, serán sujetas a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Asimismo, dijo que también se contempla la protección a docentes y el personal de apoyo y asistencia a la educación, frente a acusaciones dolosas, infundas, falsas y malintencionadas, además de reconocer en todo momento el derecho a la presunción de inocencia cuando sean señalados por presuntos hechos que se encuadren en faltas administrativas y/o delitos, hasta que se declare su responsabilidad mediante resolución o sentencia firme de la autoridad competente, asegurando su derecho al debido proceso.

El legislador,  recordó que un hecho reciente de violencia  contra personal docente y profundamente lamentable, ocurrido en Lázaro Cárdenas, lo que puso de manifiesto la gravedad de esta problemática, cuando el día 24 de Marzo se les arrebató la vida a dos maestras por un alumno, este suceso no solo conmocionó a la comunidad educativa, si no que evidenció una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la violencia ha permeado espacios escolares poniendo en riesgo la integridad y vida del personal educativo.

Actualmente, el marco jurídico del Estado de Michoacán no contempla agravantes específicas cuando los delitos son cometidos en contra de docentes por razón de su función educativa. Esta omisión normativa limita la capacidad del Estado para brindar una protección efectiva al personal educativo, pese a que su labor es esencial para garantizar el derecho humano a la educación.

Por ello, explicó que resulta necesario establecer un esquema de protección penal reforzada que reconozca como circunstancia agravante el hecho de que los delitos se cometan contra maestras y maestros debido a su función docente, y estas reformas responden a una necesidad social apremiante y a la obligación constitucional del Estado de garantizar entornos seguros para el desarrollo educativo, promoviendo el respeto, la dignidad y la paz social en las comunidades escolares.

"El Partido del Trabajo, fiel a su vocación histórica de lucha junto a los trabajadores y trabajadoras de la educación, asumimos una vez más la responsabilidad de alzar la voz donde otros guardan silencio. Esta iniciativa no es una proyecto de escritorio, sino el resultado de años de acompañamiento, de escucha y de convicción. Porque defender a quienes enseñan es también defender al pueblo.", concluyó el diputado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un sistema integral de videovigilancia en el teleférico de Uruapan, compuesto por 180 cámaras distribuidas estratégicamente en sus seis estaciones, con el objetivo de garantizar espacios seguros para las y los usuarios.

Cada estación contará con 30 dispositivos con tecnología de reconocimiento facial, lo que permitirá supervisar en tiempo real accesos, andenes, zonas operativas y áreas de tránsito, facilitando la detección oportuna de cualquier situación de riesgo.

Este sistema estará enlazado de manera permanente al C5 Uruapan y contará con respaldo del C5 Morelia, desde donde se realizará el monitoreo continuo las 24 horas del día, los siete días de la semana, fortaleciendo la capacidad de reacción inmediata ante cualquier incidente.

Asimismo, esta red tecnológica permite la coordinación directa con personal operativo en campo, lo que agilizará la atención de emergencias y la activación de protocolos de seguridad en caso necesario.

Con esta infraestructura, la SSP fortalecerá las labores de prevención y vigilancia en el nuevo sistema de transporte aéreo, integrando tecnología de vanguardia y capacidad operativa para asegurar la tranquilidad de la ciudadanía desde su apertura.