Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de las y los michoacanos en el entorno digital, el diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal local.

La propuesta busca adicionar el Capítulo VI, denominado "Acceso y Uso Ilícito de Sistemas Informáticos", al Título Vigésimo Primero del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. Esta reforma aborda la creciente necesidad de regular y sancionar conductas que vulneran la integridad de los sistemas de información, estableciendo penas específicas para quienes vulneren la seguridad digital de los ciudadanos.

Durante la presentación en el pleno del diputado en Congreso del Estado, se destacó que el vacío legal en materia de delitos cibernéticos a nivel local requiere una actualización urgente para responder a los desafíos tecnológicos actuales, salvaguardando también el normal funcionamiento de las vías de comunicación y los sistemas tecnológicos vinculados a los servicios públicos.

"Es fundamental que nuestro marco jurídico evolucione al mismo ritmo que la tecnología para garantizar que ningún delito cometido a través de sistemas informáticos quede impune", señaló el legislador.

Con esta iniciativa presentada por Martinez Gowman, Michoacán se colocaría a la vanguardia en la protección de los derechos digitales de la población.

“El futuro dependerá de lo que hagamos en el presente”, advirtió el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM) al presentar una iniciativa para transformar el servicio social de las y los estudiantes michoacanos en una herramienta poderosa de protección ambiental y desarrollo sostenible.

El legislador recordó que Michoacán enfrenta una crisis ecológica severa: degradación de suelos, escasez de agua, pérdida de biodiversidad, contaminación de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, deforestación e incendios forestales recurrentes que han arrasado con miles de hectáreas de bosques.

“Cada sequía, cada incendio forestal, cada inundación y cada pérdida de recursos naturales nos recuerda que la protección ambiental no puede seguir siendo vista como un tema exclusivo de especialistas o de unos cuantos. Se convierte en una necesidad colectiva y una responsabilidad recíproca entre sociedad y gobierno”, afirmó.

Espinoza Villa señaló que actualmente miles de estudiantes realizan su servicio social como parte de su formación académica, pero gran parte de ese potencial permanece disperso o limitado a actividades meramente administrativas.

“La presente iniciativa pretende transformar por completo esa visión. Más allá de que el servicio social se entienda como una obligación académica, debe ser visto como una retribución social mediante la cual las y los estudiantes devuelvan a la comunidad parte del conocimiento y capacidades adquiridas gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad y del Estado”, explicó.

La iniciativa reforma la Ley de Educación del Estado de Michoacán para establecer que el servicio social de estudiantes de ingeniería, biología, pedagogía, derecho y todas las disciplinas podrán participar en:

· Proyectos de reforestación comunitaria.

· Diseño de sistemas de captación de agua.

· Limpieza técnica de cuerpos de agua (como los lagos emblemáticos).

· Implementación de huertos escolares y proyectos de energía limpia.

El diputado del PVEM subrayó que con esta medida no solo se beneficia al medio ambiente, sino también a los propios estudiantes, quienes egresarán con experiencia real, un alto sentido de responsabilidad social y mayores oportunidades de desarrollo profesional en el campo ambiental.

“Estamos hablando de vincular a futuros ingenieros, biólogos, educadores, abogados y profesionales de todas las disciplinas en proyectos que realmente importan. Con esto ganan nuestros ecosistemas y gana la formación profesional de los estudiantes”, concluyó.

La iniciativa se suma a la agenda verde impulsada por el Partido Verde Ecologista de México y reconoce el trabajo del diputado Jesús Sesma Suárez en el Congreso del Estado de México, cuyo ejemplo inspiró esta propuesta para Michoacán.

La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de Ziracuaretiro, debido a que no se cumplieron las medidas establecidas en un procedimiento administrativo iniciado por esta dependencia en años anteriores. 

Estas medidas formaban parte de un plan para la clausura definitiva del sitio, cuyos responsables debían presentar reportes mensuales de avance. Sin embargo, ante el incumplimiento de los requerimientos de la Proam, la Subdirección de lo Contencioso Ambiental ordenó la clausura temporal total del vertedero.

Por lo anterior, personal de esta dependencia acudió al sitio para llevar a cabo una inspección y evaluar el estado en que operaba el lugar, así como aplicar la medida de seguridad, con la que queda prohibida la disposición de residuos hasta que las autoridades municipales den cumplimiento a las indicaciones antes señaladas. 

Es importante recordar que todos los ayuntamientos son responsables de la operación de los basureros, a pesar de que se encuentren concesionados a empresas privadas, por lo que resulta necesario que den seguimiento a sus procedimientos y cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003 para evitar daños al ambiente.